JAVIER GUERRERO, EXDIRECTOR DE TRABAJO ANDALUZ

JAVIER GUERRERO, EXDIRECTOR DE TRABAJO ANDALUZ

Anticorrupción pide el ingreso en prisión del exdirector de Trabajo imputado por los ERE de Andalucía

Francisco Javier Guerrero ya permaneció en el centro penitenciario Sevilla I más de siete meses el año pasado. En esta ocasión Anticorrupción ha argumentado "riesgo de fuga" y la "posibilidad de destruir o alterar pruebas" a la hora de solicitar de nuevo su ingreso en prisión.

Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo andaluz
Francisco Javier Guerrero, exdirector de Trabajo andaluz | EFE

Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo tramitados por la Junta, por considerar que existe "riesgo de fuga", de que pueda "destruir o alterar pruebas" y de que pueda entrar en contacto con otros imputados.

Así lo han informado a los periodistas fuentes del caso al término de la declaración de Guerrero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que se ha prolongado durante cerca de tres horas  y durante la que ha respondido a las preguntas de la magistrada desoyendo el consejo de su abogado, Fernando de Pablo.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos --sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil--, tras lo que permaneció más de siete meses en Sevilla I hasta el 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después abonar 50.000 euros de fianza.

La comparecencia de Guerrero corresponde a la parte de la causa que permanece bajo secreto de sumario y en ella han estado presentes la propia Alaya, los dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción y el abogado Fernando de Pablo.

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