DIMITIÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

DIMITIÓ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

Ana Mato, autorizada por el Gobierno para volver a trabajar en el PP

La exministra de Sanidad y exdiputada del PP ha recibido el visto bueno para reincorporarse a su empleo en el Partido Popular, según figura en el listado de autorizaciones emitidas a ex altos cargos. "Reingreso en el Partido Popular", se dice en la información recogida en el Portal de la Transparencia.

La exministra de Sanidad, Ana Mato, al inicio de su comparecencia
La exministra de Sanidad, Ana Mato | EFE

La exministra de Sanidad y exdiputada del PP, Ana Mato, ha recibido el visto bueno del Gobierno en funciones para reincorporarse a su empleo en el PP, según consta en el listado de autorizaciones emitidas a ex altos cargos publicado en el Portal de la Transparencia del Ejecutivo.

Mato dimitió como ministra el 26 de noviembre de 2014 y, al no haberse cumplido dos años desde su cese, necesita permiso de la Oficina de Conflictos de Intereses del Ejecutivo para ejercer una actividad privada. La exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recibió la autorización el pasado 9 de febrero. "Reingreso en el Partido Popular", se dice en la información recogida en el Portal de la Transparencia.

Ana Mato presentó su dimisión a finales de noviembre de 2014 después de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, diera a conocer un auto en el que proponía juzgarla como partícipe a título lucrativo por los supuestos regalos y viajes que la trama Gürtel hizo a su marido a través del que fuera su marido, el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda.

Desde que el Ejecutivo está en funciones, el pasado 21 de diciembre, se han concedido otras autorizaciones, entre ellas al ex subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, para incorporarse al consejo de varias empresas del Santander --al que se marchó ya a mediados de 2015-; o al ex secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, para ser docente en CUNEF.

Tras dejar el Ministerio, Ana Mato continuó como diputada del PP hasta que terminó la legislatura y, a su término, fue una de los 64 diputados que solicitaron la indemnización por cese por no tener otro ingreso, que les permite cobrar durante dos años su asignación constitucional (2.813 euros).

No obstante, ésta es incompatible con cualquier otro sueldo, de manera que tendrá que renunciar a ella como ya han hecho otros como la exministra socialista Trinidad Jiménez o el exdiputado 'popular' Vicente Martínez-Pujalte.

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