Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra las sedes en Madrid y Sevilla del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), una fundación de UGT, en busca de documentación relacionada con el caso de las facturas falsas del sindicato.
Según han confirmado fuentes de la investigación, los agentes, que no prevén ninguna detención, registran las oficinas del IFES, fundación que, según su página web, ha impartido desde su creación más de 110.000 cursos a 1,6 millones de alumnos. El caso lo instruye el titular del juzgado número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, y en el mismo están imputados los ex secretarios generales de UGT-Andalucía Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, a los que la Fiscalía Anticorrupción acusó de "financiación ilegal del sindicato" a través de los fondos de formación.
El pasado 6 de febrero se conoció que la UCO de la Guardia Civil entregó un atestado al juez en el que se concluyó que se había evidenciado que distintos proveedores efectuaron pagos a UGT-A en concepto de "rápel/comisión/descuento" por valor de 1,98 millones. En el atestado se detallaba que "en la práctica totalidad de los casos" el rápel era algo que se imponía "por contrato" por parte del sindicato a sus proveedores, con particularidades en función de parámetros como el volumen de facturación, y por ello existen diferencias en las cantidades.
Esta conclusión sobre el caso de las facturas falsas del sindicato "no viene más que a corroborar lo manifestado por los diferentes trabajadores del departamento de administración de UGT-A tomados en manifestación", añade el informe de la Guardia Civil.
Entre los proveedores destaca a Siosa y Karonte Nuevos Desarrollos S.L, en los que se ha observado "un importante volumen de facturación" y que informaron de que "sí habían pactado" con el sindicato unas condiciones concretas de rápel, aunque lo habían hecho "de forma verbal". En el caso del proveedor Siosa, se nombra al extesorero del sindicato Federico Fresneda como el interlocutor con el que se pactaron las condiciones para estas comisiones.
Además, se destaca que en algunos de los contratos aportados se reseña que por parte de los proveedores debe hacerse efectivo el pago mediante "talón". En los pagos de estas comisiones se reseña cómo los proveedores pagaron al sindicato 106.616 euros en 2006; 272.933 euros en 2007; 142.991 euros en 2008; 432.633 euros en 2009; 334.610 euros 2010; 344.320 euros en 2011, o 328.391 en 2012.
El caso más destacado es el de Karonte Nuevos Desarrollos, según la Guardia Civil, porque con la documentación se cifran los pagos en concepto de rápel en 956.848 euros. Asimismo, resaltaba la Guardia Civil que las irregularidades en la confección de facturas es "otro de los aspectos que se ponen de manifiesto" y se han detectado una serie de registros en los que, finalizando el ejercicio económico, "se realizan correcciones en determinadas facturas emitidas por determinados proveedores".
Ha subrayado que hay una serie de registros vinculados a acciones formativas, reportados por el proveedor Carpetas Abadía, e incluso en el concepto de uno de ellos se anota: "ojo, quisieron la factura con fecha 31/03/10". Aunque la documentación aportada por los proveedores en algunos casos es "escasa o no se adecúa a lo solicitado", la Guardia Civil establece una "aproximación" respecto a la mayoría de los proveedores que en los conceptos de factura así lo reflejan, "donde se especifica qué cuantía de su facturación se encontraba vinculada a la realización de diferentes acciones formativas".
