El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha advertido a sindicatos y empresarios de que si no logran un acuerdo antes del 15 de marzo para reformar la negociación colectiva, el Gobierno remitirá un proyecto de ley al Parlamento.
Gómez, en declaraciones a la cadena SER, ha explicado que el Ejecutivo prefiere que la reforma de convenios sea fruto de un acuerdo entre sindicatos y patronal, como ya ocurrió en el pasado, al tiempo que ha reconocido que el proceso electoral en la CEOE "complica un poco" esta negociación.
"Pero no es un obstáculo insalvable", ha añadido. Respecto a la reforma de las políticas activas de empleo, Gómez ha insistido en que el objetivo del Gobierno es que los servicios públicos de empleo puedan prestar servicios personalizados a los desempleados, pero también a las empresas, en el sentido de facilitarles mano de obra cualificada.
El ministro ha reiterado que el Ejecutivo no se plantea recortar las prestaciones por desempleo porque "no es el momento" ni tampoco es que el problema actual sea el de que la gente no quiere trabajar, sino todo lo contrario.
Gómez ha explicado que la prestación por desempleo media es de 900 euros mensuales y el subsidio, de unos 500 euros, y ha señalado que "no se puede pensar" que los desempleados pueden preferir cobrar la prestación a trabajar.
Además, ha indicado que el importe de las prestaciones por desempleo en España está suficientemente distanciado del salario medio, de manera que no se desincentiva el trabajo frente a estar en paro.
"Polémica artificial" en torno a los 426 euros
Acerca de la ayuda extraordinaria de 426 euros para parados sin ingresos, el ministro ha asegurado que "se está creando una polémica artificial" en torno a esta prestación y ha reiterado que, llegado el momento de decidir su prórroga, el Gobierno estudiará cómo ha funcionado y si hay presupuesto para mantenerla.
En todo caso, Gómez ha subrayado que el objetivo no puede ser mantener esta prestación indefinidamente y se ha mostrado a favor de estudiar, en el marco de la reforma de las políticas activas de empleo, un programa nuevo que combinara formación, recualificación y reinserción laboral.
Aparte de la reforma de políticas activas, que empezará a discutirse mañana con sindicatos y la próxima semana también con empresarios, el ministro ha recordado que hay otros deberes en la agenda, como la reforma de pensiones, la ya mencionada reforma de convenios o el desarrollo de la reforma laboral.
Sobre este último tema, Gómez ha insistido en que los objetivos de la reforma laboral "no se van a tocar" porque están bien diseñados y son equilibrados, pero ha vuelto a ofrecer un diálogo "abierto" a los sindicatos, siempre y cuando se mantenga la esencia de la reforma.
Preguntado por si se están produciendo más despidos a raíz de la aprobación de la reforma, el ministro ha apuntado que lo que supuso una verdadera revolución para el despido en España fue la reforma que hizo el Gobierno del PP en 2002, por la que se implantó el llamado 'despido exprés'.
Este despido consiste en que el empresario reconoce directamente la improcedencia del despido y tras depositar la indemnización correspondiente en los juzgados, el trabajador se queda en la calle en sólo 48 horas. Actualmente, ha dicho Gómez, el 85% de los despidos se hacen por esta vía.
En este punto, el titular de Trabajo ha precisado que los objetivos de la reforma laboral van dirigidos a que el despido por causas objetivas tenga mucha más importancia en el futuro y a que, llegado el momento de la recuperación, el método empresarial para ajustar plantillas no sea el despido y se recurra a fórmulas como la reordenación de la jornada laboral.
