Tras dos días de negociaciones telefónicas entre el ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos con Poul Thomsen, del FMI; Mathias Mors, de la UE; y Claus Masuch, del BCE, se ha logrado la vuelta de los inspectores a Atenas, una condición para concluir su informe sobre el ritmo de reformas.
De un dictamen favorable sobre el cumplimiento de los objetivos de Atenas depende que se liberen los 8.000 millones del sexto tramo del rescate internacional, indispensables para que Grecia no suspenda pagos porque carece de liquidez más allá de octubre.
Aunque aún no está garantizado ese pago, la vuelta de los jefes de misión de la "troika" supone que Grecia logró convencerles de que será capaz de cumplir, con más medidas de austeridad, con sus metas presupuestarias, condición previa para seguir recibiendo ayuda.
El Ministerio de Finanzas griego aseguró que durante las conversaciones que han hecho posibles la vuelta de la "troika" a Atenas, se repasaron las cuentas públicas no sólo de 2011, sino las previsiones entre 2012 y 2014, los años en los que el país recibirá asistencia económica internacional.
Condiciones para el regreso de la "troika"
Grecia tiene como objetivo reducir su deuda pública este año hasta el 7,6%, cuando en 2009 se situaba en el 15,4%. Los representantes del FMI han afirmado que la deuda pública de Grecia alcanzará el 189,1% del PIB en 2012, elevando sus proyecciones de deuda y déficit para el país, inmerso en una grave crisis financiera. Para conseguir que el déficit se acerque al objetivo del Gobierno del 7,6%, el FMI ha solicitado a Atenas que reduzca el sector público y acelere en la aplicación de las reformas y las privatizaciones para recaudar 50.000 millones hasta 2015. La "troika" ha pedido un inmediato recorte de entre 20.000 y 30.000 puestos de trabajo en el sector público.
También han negociado con el Gobierno griego recortar entre el 15-20% los sueldos de los funcionarios y reducir las jubilaciones de forma que la más alta no supere los 1.700 o 2.000 euros al mes. Estas medidas volverán a levantar una nueva ola de protestas de trabajadores y empleados públicos, que han visto como su capacidad adquisitiva se redujo hasta en un 40%, entre los recortes y la inflación.
