Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Baleares y Cantabria son las nueve CCAA que por el momento han pedido liquidez al Gobierno con cargo a este fondo, que se aprobó ante las dificultades de algunas autonomías para financiarse con normalidad en los mercados.
Este lunes termina el plazo y no están en la lista Madrid La Rioja, Aragón, Extremadura, Galicia, Navarra, el País Vasco y Castilla y León, si bien no se ha disipado la duda de si en el cómputo final quedará incluida también alguna de ellas.
La Junta de Castilla y León dijo el jueves que seguía negociando con entidades bancarias para recolocar los 380 millones de deuda que vence este año y que aún tiene pendiente de refinanciar, y confió en cerrar las operaciones para no tener que adherirse al mecanismo.
El propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, fue el encargado de anunciar en el Senado que la fecha límite para que las comunidades se sumasen al FLA era el 3 de diciembre, es decir, este lunes, y dijo que no se haría "excepción".
Pese a que las nueve comunidades adheridas habían reclamado en conjunto alrededor de 16.800 millones de euros, Hacienda repartirá entre ellas 12.582 millones, los que se ajustan a los criterios fijados en el programa así como al reparto aprobado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
De ese modo, si ninguna otra comunidad se suma al mecanismo, quedarían libres aproximadamente un 30 por ciento de los fondos, es decir, unos 5.500 millones de euros, y se ocuparía el 70 por ciento.
De la cantidad total de 12.582 millones de euros, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha abonado ya a las nueve comunidades adheridas alrededor de 8.600 millones, de los cuales 1.102,5 millones, destinados al pago de facturas pendientes con proveedores, se terminaron de transferir este sábado.
De la cantidad que las nueve comunidades ya han recibido, 4.600 millones han sido para el pago de vencimientos de los créditos internacionales que ya no podían refinanciar; alrededor de 360 millones, para el pago de la deuda, y unos 3.600, para pagar a proveedores.
Hacienda considera que el mecanismo ha permitido que la deuda de las autonomías con los proveedores se haya reducido prácticamente a la mitad durante el ejercicio.
El Programa de Aplicación del FLA, remitido a las comunidades autónomas el pasado 25 de septiembre, especificaba que los importes percibidos debían destinarse obligatoriamente primero a abonar los pagos de sus vencimientos de deuda pública y, después, a pagar a los proveedores.
