El Supremo obliga al Gobierno pagar si cierra la Plataforma Castor

La sentencia del Supremo es clara. Desestima el recurso presentado por el Gobierno  y le obliga a pagar a la constructora en el caso de que se cierre la plataforma Castor. Son 1.700 millones de euros. El año pasado el Gobierno recurrió ante los juzgados y pidió que en el caso de que finalice la concesión de la explotación a la empresa -cualquier que fuera el motivo-, ésta pasaría al Estado sin compensación alguna. Ahora los jueces dicen que no: el Gobierno tiene que indemnizar a la empresa que invirtieron en la plataforma. La sentencia argumenta que el Gobierno adquiriría gratuitamente unas instalaciones carísimas produciéndose  "un enriquecimiento injusto del estado".

El pasado 26 de septiembre el Ministerio de Industria paralizó la actividad del almacén subterráneo tras los repetidos seísmos en la costa más cercana, en el Delta del Ebro.

La planta de almacenamiento realizaba inyecciones de gas que, según los informes de los expertos, podrían ser la causa de estos terremotos en estas del levante. Según la sentencia del Supremo si se cierra definitivamente Castor el Gobierno asumirá su coste