Antoni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias

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RECLAMARÁN EL IMPUESTO CON RECARGO

Quien no pague el euro por receta pasará a ser deudor de la Generalitat

Antoni Gilabert, gerente de Atención Farmacéutica del Servicio Catalán de la Salud, espera que sean pocos los ciudadanos que se nieguen a pagar el impuesto, que se calcula que generará unos ingresos de 100 millones de euros al año.

El ciudadano que no pague la tasa de un euro por receta retirada en farmacia pasará a ser deudor de la Generalitat y la administración le reclamará el impuesto con un recargo siguiendo los procedimientos de la Ley de Tributos, ha informado el Departamento de Salud.

"Como el medicamento es un bien que no se puede negar, se le entregará al usuario aunque no quiera pagar la tasa, pero a partir de ese momento se convertirá en deudor", ha explicado el gerente de Atención Farmacéutica y Prestaciones Complementarias del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Antoni Gilabert.

En el caso de que un usuario se niegue a pagar, deberá rellenar en la farmacia un formulario con sus datos que el farmacéutico remitirá al Departamento de Salud. Tal como sucede con el resto de los tributos, la administración catalana será la encargada de reclamar el cobro de la tasa pendiente y el consiguiente recargo por la vía voluntaria o por ejecución forzosa.

Gilabert espera que sean pocos los ciudadanos que se nieguen a pagar un impuesto que está pensado para contribuir a mejorar la financiación del sistema sanitario y que se calcula que generará unos ingresos de 100 millones de euros al año.

"Es necesaria una corresponsabilización en la mejora de la calidad del sistema y no pagar las tasas es negarse a esta mejora", ha concluido el responsable de Farmacia del CatSalut. El impuesto farmacéutico del Govern, que entra en funcionamiento el próximo 23 de junio, se aplicará sobre medicamentos retirados en cualquier farmacia catalana con una receta expedida por el CatSalut con un máximo de 61 euros tributados al año.

Sólo están exentos del impuesto unas 127.000 personas, que son los beneficiarios del Programa de Renta Mínima de Inserción (PIRMI), de la pensión no contributiva, de la Ley de la Integración Social de los Minusválidos (LISM) y del Fondo de Asistencia Social (FAS).

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