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DEUDAS DE AYUNTAMIENTOS

Un pueblo de Guadalajara necesitará 7.058 años para devolver al pago a proveedores

Pioz, una localidad de Guadalajara de algo más de tres mil habitantes, necesitará unos siete mil años para saldar sus deudas. Esas son las cuentas que han hecho a Hacienda tras apuntarse al programa de crédito para pagar a proveedores. La falta de ingresos y las deudas dejadas por grandes obras tienen la culpa.

Tres mil facturas que se encontraron escondidas en los cajones y sin contabilizar. Son deudas contraídas bajo el mando del socialista Emilio Rincón. Él ordenó construir una depuradora  para cuarenta mil habitantes, cuando en el pueblo sólo son tres mil habitantes. Costó doce millones de euros, y ahora está cerrada por impago.

También está cerrada la piscina, que costó tres millones de euros. Tampoco se pudo inaugurar el centro de recogida de basuras.El alcalde socialista niega los hechos. Y alega que no recuerda los detalles.

En Pioz todos sabían que las cosas no iban bien. Sólo un dato: en los últimos años han pasado por el ayuntamiento 11 interventores. Todos se han ido marchando.

Sobre este asunto, el secretario de Estado de Administraciones Públicas ha denunciado también que otro ayuntamiento, de la provincia de Teruel, necesitará 462 años para saldar su deuda. Beteta ha abogado por cambiar a fondo el sector local. "Ante un fallo del sistema, lo que tenemos que cambiar es el sistema".

Beteta ha anunciado, en un desayuno sobre el futuro de los gobiernos locales, que a finales de este mes estará listo un informe sobre la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que entre otras cosas incluirá una lista cerrada de las competencias que pueden prestar las entidades locales y una potenciación de las diputaciones para prestar los servicios que los ayuntamientos menores no puedan afrontar con eficiencia.

Después, se abordará la reforma de la Ley de Haciendas Locales para garantizar la suficiencia financiera. Además, el Gobierno prepara ayudas para animar a la fusión o integración de entidades locales, que son voluntarias y deben llevarse adelante con el acuerdo de las Comunidades Autónomas.

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