La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno central no se aplicará en Euskadi tras el rechazo de las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y ante la imposibilidad de que el PP la apruebe en Álava dada su minoría en las Juntas Generales.
El proyecto de ley de presupuestos para 2012 prevé una amnistía fiscal parcial a cambio de un gravamen del 10 % para las personas físicas y del 8 % para las jurídicas, con lo que el Gobierno espera recaudar unos 2.500 millones de euros.
En el País Vasco, la política fiscal compete a las diputaciones forales, todas ellas en manos de partidos distintos y con gobiernos en minoría: PNV en Bizkaia, Bildu en Gipuzkoa -ambos rechazan la propuesta- y PP -que aún no ha realizado un pronunciamiento oficial- en Álava.
En este territorio, los 'populares' necesitarían del apoyo del PNV, Bildu o del PSE y Ezker Batua juntos para sacar adelante la medida. Sin embargo, el rechazo mostrado por estas formaciones imposibilita que pueda aprobarse la medida.
En Bizkaia, el diputado general, José Luis Bilbao, ha anunciado que no aplicará las medidas de amnistía fiscal porque las considera "éticamente inaceptables", "políticamente indefendibles" y "socialmente injustas". "Si lo que quieren -ha dicho en referencia al Gobierno central- es premiar al defraudador, que no cuenten con nosotros".
Por su parte, la diputada de Hacienda de Gipuzkoa, Helena Franco, ha rechazado la medida porque, en su opinión, una "lucha sincera y eficaz contra el fraude pasa por que todos los ciudadanos sepan que la Hacienda tiene el mismo trato absolutamente con todas las personas".
El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, ha dudado de que esa amnistía logre aflorar dinero para las arcas públicas vascas y tenga "efectos reales en la economía" y ha considerado que "desde el punto de vista ético y moral, es muy difícil de mantener" la medida ante una sociedad "a la que se le están pidiendo grandísimos sacrificios, e inmediatamente después se da un premio a los defraudadores".
En Álava, Ezker Batua ha registrado dos iniciativas en las Juntas Generales en las que pregunta al diputado general, Javier de Andrés, si ve "justo" que los "fondos opacos" puedan ser "blanqueados con un coste irrisorio para los defraudadores a la Hacienda, mientras a quienes tributan conforme a la ley se les suben los impuestos".
