La OCDE recomienda que más productos y servicios tributen al tipo general de IVA y que se implanten más impuestos medioambientales, al tiempo que opina que el Gobierno central debería recuperar la competencia sobre una serie de impuestos como el de sucesiones. Estas son algunas de las recomendaciones del Informe sobre Economía Española de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que han presentado el secretario general de la institución, Ángel Gurría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
La OCDE aprecia que el sistema impositivo español está demasiado dirigido hacia las rentas del trabajo, especialmente a unas cotizaciones a la Seguridad Social que a su juicio deberían reducirse, ya que son los tributos "más dañinos" para el crecimiento económico y el empleo. Sin embargo, considera que en España se mantienen "relativamente bajos" los impuestos indirectos que gravan el consumo, por lo que advierte de que "la mayoría" de los productos y servicios deberían estar gravados al tipo general de IVA (21 %).
"En 2012 varios productos han elevado sus tipos de IVA. Sin embargo, otros se siguen beneficiando de gravámenes sustancialmente reducidos, y deberían moverse al general", afirma el informe, que señala en concreto los servicios turísticos y de transporte (del 10 %) y "algunos productos de papel", en referencia a los libros, periódicos y revistas que siguen disfrutando del superreducido (4 %).
Asimismo, el organismo recomienda "eliminar o reducir sustancialmente" las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, que "sobre todo benefician a familias de ingresos medios y altos". "Cualquier impacto positivo de estas deducciones parece haber sido más que compensado por menores ingresos públicos, y la tasa de rendimiento de estos planes de pensiones puede ser significativamente menor que la tasa de interés de la deuda pública", agrega.
En lo que se refiere a los impuestos medioambientales, la OCDE recuerda que en España suponen un 1,5 % del PIB, "considerablemente menos" que en otros sistemas fiscales europeos, en los que están en ocasiones por encima del 4 %. En este campo recomiendan estudiar introducir un impuesto nacional sobre el carbón, incluido el gasóleo profesional, algo que "el Gobierno ya está estudiando, lo cual es bienvenido".
Por lo que se refiere a determinados impuestos verdes establecidos por autonomías, el organismo hace hincapié en que deberían ser tasas nacionales, ya que la contaminación "va más allá de las fronteras regionales".
También ve espacio para elevar los impuestos sobre el patrimonio, así como el de sucesiones, que una vez más debería estar completamente atribuido al Gobierno central.
Según la OCDE, parte de los ingresos provenientes de la subida del IVA, los impuestos medioambientales y la eliminación de determinadas deducciones pueden permitir mayores deducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las personas con ingresos más modestos, una vez que los objetivos de consolidación fiscal se hayan alcanzado.
Otra parte de la subida de ingresos podría utilizarse para otorgar mayores ayudas por hijo a las familias más necesitadas, condicionadas a que continúen su formación más allá de la educación obligatoria hasta los 16 años, para así combatir la pobreza y el abandono temprano de los estudios.
Además, la OCDE recomienda rebajar los impuestos a la compraventa de vivienda, ya que a su juicio perjudica la movilidad laboral, y compensarlo con mayores gravámenes al patrimonio inmobiliario. De nuevo consideran que los impuestos a las transacciones inmobiliarias deben ser recuperados por el Estado central.
Despidos más baratos
La OCDE también ha recomendado a España indemnizaciones más bajas para el despido improcedente, un contrato único con compensación por despido creciente, la eliminación de la jubilación parcial y más control sobre el cobro del paro. Señala que la reforma laboral ha sido un "paso sustancial" en la dirección correcta, aunque apunta a la persistencia de desequilibrios como la brecha entre los empleados temporales y los indefinidos.
En esta línea, destaca que la indemnización de 33 días por año trabajado fijada para los despidos improcedentes debería reducirse más, ya que sigue siendo alta en comparación con otros países. Como solución para salvar la dualidad del mercado, propone avanzar hacia un contrato único con indemnizaciones por despido que vayan creciendo conforme al tiempo trabajado.
En materia de flexibilidad, la OCDE ve positivo que se haya potenciado el convenio de empresa y recortado el periodo de ultraactividad (prorroga automática de un convenio expirado) a un año. No obstante, subraya que la negociación colectiva sigue siendo rígida y recomienda la supresión de la ultraactividad en los convenios sectoriales y que las empresas puedan participar en las negociaciones salariales sectoriales.
Asimismo, la OCDE muestra su preocupación por las altas tasas de desempleo juvenil y reclama una actuación inmediata con políticas activas dirigidas a los jóvenes más castigados por la crisis, los que tienen menor formación. Al respecto, considera importante dar un impulso a las políticas activas de empleo a nivel regional y emplaza al Gobierno a corregir las altas tasas de abandono escolar a edades tempranas, para lo que sugiere que se facilite avanzar de curso reduciendo las competencias mínimas exigibles.
Respecto a las pensiones, la OCDE reconoce que la reforma de 2011 ha amortiguado el aumento previsto en el gasto asociado al envejecimiento de la población, al elevar a 67 años la edad legal de jubilación, a 37 años el periodo de cotización para cobrar la pensión completa y a 25 años el periodo para calcular la pensión. Sin embargo, cree que hay que profundizar en ella y propone eliminar cuanto antes la modalidad de jubilación parcial por el alto coste que conlleva para el sistema.
