Alrededor de medio millar de jornaleros, convocados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), han ocupado una finca pública en Palma del Río (Córdoba) para evitar su subasta, prevista por la Junta de Andalucía para este lunes.
Los jornaleros, con comida y bebida, realizaron una marcha de unos cuatro kilómetros hasta la entrada de la finca 'Somontes', cuya puerta han forzado para entrar y ocuparla "como protesta por su venta a los terratenientes", según ha explicado el portavoz del SAT, Diego Cañamero.
A pesar de que la Guardia Civil estaba presente en el camino que daba acceso a la finca, no ha intervenido al no producirse daños, aunque Cañamero cree que es "triste" que la Junta haya querido "entorpecer" una protesta que es "pacífica".
Ataviados con banderas de Andalucía y con cánticos como "No hay pan para tanto chorizo", "Reforma agraria, ahora" o "Contra el paro, lucha obrera", los jornaleros, entre los que estaba el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, han ocupado la finca.
Cañamero ha denunciado que esta finca, de 400 hectáreas, podría dar trabajo a muchos jornaleros en paro y ha pedido que las tierras que están en una situación similar en Andalucía, en total 2.000 hectáreas, se repartan entre las cooperativas agrarias o que se entreguen al sindicato para que las distribuya.
"Le pedimos al gobierno que esas tierras no se vendan porque irán a parar a manos de los terratenientes, ya que ningún trabajador puede comprar fincas", ha explicado el portavoz del SAT, quien cree que el gobierno del PSOE "necesita recaudar fondos" porque se ha quedado sin dinero.
Ha criticado que con la alta cifra de paro que existe actualmente en la comunidad, con pueblos en los que hay hasta un 40% de desempleados, "no se puede permitir que la Junta venda unas tierras que son públicas, que pertenecen a los trabajadores".
Por eso ha hecho un llamamiento a los jornaleros para llevar a cabo una "lucha mantenida en el tiempo" tras las próximas elecciones regionales del 25 de marzo. El SAT ha denunciado que la mitad de la superficie cultivable en Andalucía está en manos de grandes propietarios, que mantienen sus explotaciones agrarias "con escasa mano de obra y cobrando millonarias primas europeas".
Asimismo, ha asegurado que esos mismos terratenientes son los que están comprando las fincas públicas que la Junta está vendiendo en los últimos meses "para liquidar el patrimonio del antiguo IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria)".
