EL FRAUDE SUPERA LOS 7,7 MILLONES DE EUROS

EL FRAUDE SUPERA LOS 7,7 MILLONES DE EUROS

Más de trescientos detenidos por un fraude al erario público

De momento, son 313 detenidos y 328 imputados en tres operaciones distintas en esta operación. Se les acusa de fraude al erario público por un valor de más de 7,7 millones de euros.

La Policía Nacional ha detenido a 313 personas y ha imputado a otras 328 en tres operaciones distintas llevadas a cabo en los últimos meses en Barcelona, Girona, Lleida, Valencia, Madrid, Cáceres y Alicante, acusadas de un fraude al erario público que supera los 7,7 millones de euros.

Según ha informado hoy la Policía, en total han sido investigadas 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona, en las que se dieron 1.544 altas en la seguridad social de forma fraudulenta para cobrar prestaciones y subsidios por desempleo y para renovar permisos de residencia.

Los detenidos están acusados de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y estafa.

Las tres operaciones se iniciaron hace varios meses, ante la sospecha de la policía y de inspectores de trabajo de que estas 29 sociedades estaban cometiendo fraudes a la Seguridad social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La primera operación la inició la Policía Nacional en Girona al detectar que doce empresas ficticias -con sede en Barcelona- daban de alta de forma fraudulenta a unos 744 trabajadores extranjeros para que pudieran cobrar las prestaciones de desempleo y obtener permisos de residencia.

La segunda investigación se ha desarrollado en Barcelona, a raíz de la denuncia de un vecino que afirmó que tres ciudadanos de origen pakistaní habían creado una empresa ficticia usurpando su nombre y falsificando su firma.

En la tercera operación, que se inició en junio de 2013, se ha detenido a 155 personas y e imputado a otras 74, la mayoría marroquíes, en Barcelona, por un fraude a la seguridad social de tres millones de euros.

En este caso, los detenidos habían creado una empresa ficticia, dedicada a la construcción, en Mataró (Barcelona), con la que se contrataba y se deba de baja a trabajadores con falsos contratos laborales para que pudieran solicitar o renovar sus permisos de residencia y acumular períodos mínimos exigidos por la ley para cobrar el paro.

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