El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para introducir nuevas medidas que[[LINK:INTERNO|||20120416-NEW-00075-false||| afectan a la enseñanza no universitaria y universitaria]], con el objetivo de recortar 3.000 millones de euros buscando que los estudiantes respondan al "esfuerzo que hace el conjunto de los ciudadanos".
Se trata de "primar el esfuerzo que hacen los ciudadanos para que los alumnos estudien en el ámbito de la igualdad de oportunidades", según ha afirmado la vicepresidenta priemra del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sánez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha estado acompañada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.
Entre las medidas aprobadas, se contempla que cada alumno pague hasta 540 euros más por la primera matrícula universitaria -a razón de 60 euros al mes-. También se amplía la horquilla que tendrán que pagar los alumnos de su puesto universitario y que irá desde el 15% hasta el 25% del coste de este puesto en las universidades públicas, lo que supone un incremento de hasta un 66% de las tasas. En la actualidad, las familias pagan de media en España un 15% y el Estado el 85% restante.
Además, la horquilla se ampliará cada vez que el alumno suspenda una asignatura, de forma que se sitúa entre un 30 y un 40% para la segunda matrícula, entre un 65 y 75% para la tercera matrícula y entre un 90 y un 100% en la cuarta matrícula. Para los master no habilitantes, el Gobierno establece un rango máximo del 50%.
Por otro lado, en educación no superior se aumenta hasta el 20% de la ratio de alumnos por clase, se establece una parte lectiva de la jornada semanal del profesorado de como mínimo 25 horas en Infantil y Primaria y 20 horas en Secundaria y se aplaza la implantación de los módulos de 2.000 horas de Formación Profesional hasta el curso 2014-2015.
Igualmente, el Gobierno suspende la obligatoriedad de ofertar todas las opciones de Bachillerato, anular la creación de nuevos complementos retributivos del profesorado y establecer que las bajas inferiores a los diez días lectivos sean cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos.
