La presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha anunciado la inminente firma de un convenio con las empresas comercializadoras de energía eléctrica y de gas natural que operan en la región para la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad, que supondría que la Comunidad se haría cargo de las facturas de gas y electricidad de las familias necesitadas durante seis meses, entre los que se encontrarían los de invierno.
El Consejo de Gobierno ha sido informado de este convenio, que será suscrito por Iberdrola, S.A.U., Gas Natural Fenosa, S.A. y Endesa, S.A y en el que se materializan los acuerdos alcanzados en las negociaciones iniciadas el pasado mes de septiembre con estos tres grandes grupos energéticos, ha informado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El objetivo es garantizar que los hogares de la Comunidad de Madrid en situación de precariedad energética puedan hacer frente a las facturas de electricidad y gas natural en una época del año que coincide con los meses más fríos. Cifuentes ha destacado que "este acuerdo dará respuesta a una demanda de justicia social que requiere soluciones inmediatas".
Asimismo, la presidenta ha explicado que "se han establecido las bases para articular un procedimiento que permita garantizar el suministro de electricidad y gas natural a la vivienda habitual, ubicada en la Comunidad de Madrid, de clientes en situación de especial vulnerabilidad económica, con el objetivo de evitar la suspensión del suministro deelectricidad y gas natural como consecuencia del impago de facturas, o el restablecimiento del servicio en el plazo más breve posible cuando ya se esté tramitando una ayuda pública para el pago de las mismas".
Para garantizar el cumplimiento de este convenio, la Comunidad de Madrid ha dotado un presupuesto de un millón de euros para 2015, que será ampliado en el año 2016 si ello fuera necesario. Los beneficiarios de este convenio serán las personas físicas titulares de contratos suscritos con dichas empresas comercializadoras de electricidad y gas natural en su vivienda habitual ubicada en la Comunidad.
Deberán contar con un informe de los servicios sociales municipales que certifique su situación de vulnerabilidad económica, y que deberán remitir, junto a la solicitud, a la Consejería de Políticas Sociales y Familia, que será la encargada de dar el visto bueno.
A partir de ese momento, la empresa comercializadora se compromete a no suspender el suministro durante el plazo de un mes o a restablecerlo en un máximo de 48 horas en caso de que se haya suspendido el servicio.
