El nuevo Gobierno británico podría eliminar hasta 600.000 puestos de funcionario en los cinco próximos años y prepara una legislación de emergencia para abaratar su despido, informan hoy varios medios británicos.
La coalición conservadora-liberaldemócrata quiere ir más lejos que el anterior Gobierno laborista, que redujo el año pasado de un máximo de seis años y medio a sólo dos años la indemnización por rescisión del contrato laboral.
El Gobierno de David Cameron quiere alinear el despido en el sector público al vigente en la industria privada, donde el mínimo obligatorio es de una semana por año trabajado con un tope que puede ser a veces de un año. Incluso en el caso de despidos de carácter voluntario podría establecerse incluso un límite más bajo, de nueve meses por ejemplo.
Cinco de los seis sindicatos que representan a los trabajadores del sector público habían aceptado ya la anterior propuesta laborista ante el temor de que se endureciesen las condiciones si los "tories" llegaban al poder, como ha ocurrido.
Sin embargo, el mayor de esos sindicatos, el Public and Commercial Service Union, la rechazó y convocó tres huelgas de un día cada una antes de lograr que un tribunal ordenara la revisión del proyecto de ley por considerar ilegal los cambios en los contratos de trabajo sin consulta previa al sindicato.
Sin embargo, se espera que el nuevo Gobierno anuncie esta semana un tope a la indemnización por despido antes de proponer a aprobación parlamentaria un nuevo proyecto de ley que permita superar el escollo judicial.
El alcalde conservador de Londres, Boris Johnson, considerado una figura influyente dentro del partido, aboga por elevar el porcentaje mínimo de votos de los trabajadores de plantilla necesarios para que una huelga pueda considerarse legal, algo en lo que coincide con la patronal británica.
