INVESTIGACIÓN EN LA CÚPULA DE LA ENTIDAD

INVESTIGACIÓN EN LA CÚPULA DE LA ENTIDAD

La juez cita como imputado al exdirector general de Caja Navarra

Enrique Goñi declarará el próximo 24 de mayo por el cobro de dietas en la entidad. lLa semana pasada tomó declaración como testigos a seis cargos de UPN y PSN que formaron parte de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra.

Enrique Goñi, exdirector de Caja Navarra
Enrique Goñi, exdirector de Caja Navarra | EFE

La juez que investiga sobre Caja Navarra ha citado a declarar como imputado al exdirector general de CAN Enrique Goñi el próximo 24 de mayo a las 10 horas. Hasta el momento, han declarado ante la juez como imputados el expresidente del Gobierno Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exconsejero de Economía Alvaro Miranda.

Los tres eran miembros de la Comisión Permanente de la entidad, junto con la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, cargo aforado que solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo.

La semana pasada declararon como testigos ante la juez seis cargos de UPN y PSN que formaron parte de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra y que aseguraron que desconocían la existencia de la Comisión Permanente hasta que salió publicado en la prensa.

La juez que instruye el caso señaló en un auto hecho público en marzo que "no existe una norma que regule la llamada 'Permanente' hasta que no es regulada de forma expresa en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la entidad, aprobado el 24 de junio de 2011, cuando esas reuniones venían celebrándose y esas dietas cobrándose desde el 31 de agosto de 2010".

En aquel auto, la juez señalaba que algunas de las reuniones de la Permanente "tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad, y que en todo caso se limitaban a informar, sin ningún tipo de participación activa por parte de sus integrantes, que únicamente se daban por enterados".

La juez consideraba que "el pago y cobro" de estas cantidades "podría constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión".

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