El primer ministro irlandés, Brian Cowen

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NEGOCIACIÓN EN DUBLÍN

Irlanda se niega a sacrificar su soberanía si acepta la ayuda internacional

El primer ministro irlandés, Brian Cowen, ha asegurado que su Gobierno no sacrificará la soberanía del país si finalmente acepta la ayuda financiera internacional.

El primer ministro irlandés, Brian Cowen, aseguró hoy que su Gobierno no sacrificará la soberanía del país si finalmente acepta la ayuda financiera internacional. Cowen efectuó esas declaraciones mientras su Gobierno negocia en Dublín con la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE) la posibilidad de activar un fondo económico de emergencia para solventar los problemas del sistema bancario nacional y las dificultades presupuestarias.

Previamente, el ministro de Finanzas irlandés, Brian Lenihan, afirmó que Irlanda podría aceptar una ayuda económica para la banca. Lenihan precisó que los problemas de Irlanda no son "presupuestarios", sino bancarios, pues identificó deficiencias "estructurales" en la sistema financiero.

En respuesta a las acusaciones de la oposición irlandesa, el primer ministro insistió hoy en que la soberanía irlandesa sobre política económica no "está cuestionada". Cowen recordó que su país, en términos monetarios, comparte su soberanía con los socios comunitarios, con los que trabaja, dijo, para hallar una solución a problemas más amplios.

"Será la decisión soberana del Gobierno irlandés, en representación del pueblo irlandés, la que dé forma a cualquier paquete (económico) que revierta en nuestros intereses", recalcó. "De momento, estamos estudiando cuales son las mejores opciones", añadió el "Taoiseach" (primer ministro) con palabras similares a las utilizadas por su ministro de Empresas y Comercio, Batt O'Keefe, quien ha comparado las conversaciones con la citada comisión técnica a una partida de póquer.

Cowen también insistió en que, según el texto del Tratado de Lisboa de la UE, los asuntos fiscales son cuestiones que solo competen a los Gobiernos nacionales, al tiempo que consideró "innegociable" la reducción del impuesto sobre sociedades, que actualmente está fijado en el 12%, una tasa que algunos socios comunitarios califican de competencia desleal.

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