El Ministerio de Hacienda, a las puertas de emprender una nueva reforma fiscal, se opone a incluir entre los gastos deducibles de la base imponible del IRPF las cotizaciones sociales de los empleados del hogar, según revela el informe anual correspondiente a 2013 del Defensor del Pueblo.
La institución explica que la Secretaría de Estado de Hacienda ha desestimado esta opción al entender que este tipo de incentivos son mucho más efectivos si se articulan como ayudas públicas directas y no como beneficios fiscales en el IRPF, ya que un gran número de ciudadanos no están obligados a declarar en este impuesto. "Por ello, no consideró adecuada la introducción de tal medida", añade.
Con todo, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que "resulta necesario introducir alguna fórmula para no someter a tributación la parte de las rentas dedicadas a satisfacer cotizaciones sociales de los trabajadores en hogares familiares".
Dudoso uso de los fondos para políticas activas de empleo
Por otro lado, el informe de la Defensora del Pueblo señala que las políticas activas de empleo "no parecen estar dando los resultados deseables" y suscita "dudas" la gestión que las entidades públicas y privadas colaboradoras hacen de los fondos destinados a estas políticas.
Por ello, la institución propone "más controles, auditorías exhaustivas y una evaluación rigurosa de los resultados de los programas y actividades derivados de esas políticas".
"Esta institución considera que con ello se garantiza la transparencia de la gestión y su idoneidad respecto de los objetivos a los que debe servir", añade, para apostillar que, "la evaluación de las políticas activas de empleo permitirá una decisión justificada sobre su mantenimiento o modificación, para que puedan ofrecer mejores resultados".
