LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Gobierno plantea que Google pague a los editores por usar sus contenidos

Una de las principales novedades que introduce el texto se refiere a las reseñas de prensa de los agregadores de contenidos (ejemplo, Google News), al reconocer el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de reforma de ley de Propiedad Intelectual que introduce el derecho de las empresas editoras a ser compensadas por el uso de sus contenidos, crea la ventanilla única para el pago de los derechos de propiedad intelectual y persigue a las web que ofrezcan listados piratas.

Una reforma que ha sido recibida con cautela por el sector cultural y por el principal grupo de la oposición, partidarios de profundizar y ampliar la interlocución durante su tramitación parlamentaria. Una de las principales novedades que introduce el texto se refiere a las reseñas de prensa de los agregadores de contenidos (ejemplo, Google News), al reconocer el derecho de las empresas editoras y autores de noticias a ser compensadas económicamente por la explotación de sus contenidos.

El Centro Español de Derechos Reprográficos se encargará de fijar y recaudar las tarifas

Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han señalado que el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) se encargará de fijar y recaudar las tarifas para los agregadores de contenidos. Pero si en tres meses no hay un acuerdo sobre las tarifas, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) será la encargada de fijarlas y el plazo de implantación será de 5 meses.

Esta medida ha sido calificada de "pionera" por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que ha explicado que se autoriza así con carácter general el uso de fragmentos no significativos de contenidos, ya sean informativos, de entretenimiento o formadores de opinión, pero con un "derecho irrenunciable" a una compensación equitativa.

Francia y Alemania han puesto en marcha mecanismos similares: el Gobierno francés ha llegado a un acuerdo con los principales agregadores de contenidos que no han satisfecho a los editores, mientras que en Alemania cada editor debe negociar por su cuenta. El proyecto aborda también la regulación de las entidades de gestión de derechos de autor de forma que establece un mecanismo de control por parte de la Secretaría de Estado de Cultura y, en segundo lugar, a la CPI, que asume funciones en materia de tarifas ante las quejas de los usuarios por falta de transparencia.

Asimismo, establece un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago, con lo que se pretende simplificar y reducir los costes de transacción para los usuarios (restaurantes, hoteles, peluquerías, etc.). Para ello, todas las entidades de gestión tendrán que constituir obligatoriamente un asociación privada que recogerá en una web las tarifas aplicables y tramitará su pago. Fuentes de Cultura han garantizado que ninguna entidad, independientemente de su tamaño o recaudación, tendrá el control del capital de esta asociación, que será la encargada de repartir el dinero recaudado a cada una de ellas y estas entre sus socios.

También se penalizará a las webs que facilitan de forma masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente.

En materia de lucha contra la piratería intelectual, la ley atacará "las vulneraciones a gran escala", han recalcado las fuentes, y se podrá actuar contra las web que tengan como principal actividad facilitar de forma masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente. Se abre también la vía jurisdiccional civil para que el titular que vea dañados sus derechos pueda solicitar a un juez la identificación del titular de una página web que difunda a gran escala contenidos protegidos.

La norma dota a la CPI de mecanismos para estrangular económicamente a las páginas que no atiendan a los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, a través de la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad, y que puede llegar al bloqueo de la web. En caso de incumplimiento, se podrán imponer sanciones económicas de entre 30.000 y 300.000 euros. La ley revisa el concepto de copia privada y mantiene la financiación de su compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque este sistema es transitorio, a la espera de una armonización comunitaria.

Según el proyecto de ley, permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. En el campo de la enseñanza y la investigación, se permitirá el uso gratuito de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada (universitaria y no universitaria) y la investigación.

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