El Gobierno ha afirmado que se reserva el derecho a recurrir al Tribunal Europeo de Justicia (TUE) la decisión de la Comisión Europea de pedir a España que recupere las ayudas concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011, según confirmaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda.
Las mismas fuentes añadieron que la decisión de recurrir o no ante el tribunal europeo aún no está tomada, ya que el Gobierno quiere antes analizar con detalle el contenido de la decisión final de Bruselas, que afecta principalmente a los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no a los armadores ni a los propios astilleros.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno se reserva el derecho de recurrir ante el Tribunal Europeo de Justicia, "teniendo en cuenta que es una decisión mejor de aquella que se había planteado en un principio", en relación a la posibilidad de que la devolución afectase a las ayudas desde el año 2005 y no desde 2007.
En cuanto a la cuantía que podría estar en liza, fuentes del departamento de Cristóbal Montoro no adelantaron ningún importe, dado que, según indicaron, los criterios para el cálculo de las ayudas declaradas por la Comisión ilegales son complejos, por lo que es preciso estudiarlos y analizarlos previamente con Bruselas.
La decisión final de la Comisión se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias. Tajani ha sido el principal aliado del Gobierno español en este expediente y reclamó hasta el último momento que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009.
La presión ha suavizado la propuesta inicial del vicepresidente y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que exigía la devolución de las ayudas desde 2005, pero queda lejos de las aspiraciones de España. El ministro de Industria, José Manuel Soria, pidió la semana pasada limitar el reembolso a las bonificaciones concedidas después de 2011, fecha en que Bruselas empezó a investigar el sistema español. Los astilleros ya han dicho que la decisión pone en riesgo 87.000 puestos de trabajo y condena al sector a desaparecer.
