El Gobierno ha anulado el tope máximo de la cuantía de las sanciones por fraude laboral y a la seguridad social, que estaba en 187.515 euros, y ha reforzado el trabajo de los inspectores para hacer aflorar la economía sumergida. Así consta en el anteproyecto de Ley ordinario que el Consejo de Ministros ha aprobado remitir al Consejo Económico y Social y que se incluye dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que España necesita un cambio de mentalidad para erradicar conductas ilegales como cobrar prestaciones indebidas o crear empresas ficticias para cobrar subvenciones.
El anteproyecto eleva el rango de las sanciones y tipifica como "infracción muy grave" cuando, por ejemplo, una empresa utiliza a trabajadores afectados por ERE de suspensión de contrato o de reducción de jornadas y les hace ir a trabajar.
Sáenz de Santamaría ha recordado que en los seis primeros meses del año se han descubierto 40.000 empleos irregulares, 800 infracciones y cerca de 14.000 contrataciones falsas. "Se ha visto que a 26 de junio había 4.500 trabajadores que cobraban un salario y una prestación a la vez", ha incidido.
Los objetivos de la futura ley son hacer aflorar economía sumergida y generar recursos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales. También combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.
Las multas se incrementarán porcentualmente cuando las infracciones afecten a más de un trabajador y se pagará un 20 % más en cada infracción cuando se trate de dos trabajadores, un 30 % en cada infracción cuando se trate de tres trabajadores y así sucesivamente.
Se excluye del tipo de infracción grave el no ingreso de las cuotas debidas cuando la empresa esté en declaración concursal o responda a un supuesto de fuerza mayor, o haya solicitado aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al inicio de la actuación inspectora.
El anteproyecto contempla un aumento en el número de inspectores de trabajo hasta los 53 en 2012 y hasta los 60 subinspectores este año, que a su vez colaborarán con los agentes de la Agencia Tributaria y amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses.
Asimismo, se amplia de uno a tres años tras la terminación del encargo, la responsabilidad solidaria del empresario principal respecto a las obligaciones con la Seguridad Social contraídas por los contratistas y subcontratistas durante el período de vigencia de la contrata.
El Ministerio de Empleo hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde puede haber bolsas de fraude y hará un seguimiento del empleo aflorado.
"A partir de ahora será grave no cotizar por los salarios de tramitación por vacaciones devengadas y no disfrutadas, o por tener a los trabajadores declarados como a tiempo parcial y estén trabajando a jornada completa", ha dicho, tras insistir en que "el que no paga cotizaciones perjudica a los pensionistas y al conjunto de la sociedad".
