RUEDA DE PRENSA TRAS EL CONSEJO DE MiNISTROS

RUEDA DE PRENSA TRAS EL CONSEJO DE MiNISTROS

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos perjudicando a la administración podrán ir a prisión

Los gestores públicos que falseen las cuentas u oculten datos, generando un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años.

Así consta en el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, esta legislación conllevará una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que haber sido penado con una sanción grave sea "causa de ilegibilidad".

Contra el empleo irregular y el fraude fiscal
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal, con el fin último de "acabar en España con esa visión tolerante de los que defraudan".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que se trata de "recuperar la confianza y la credibilidad del país" a través de un cumplimiento "leal y responsable" de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Un "cambio en la mentalidad de lo privado" para "acabar en España con esa visión no positiva, pero sí tolerante, frente al que defrauda, no paga impuestos, da facturas sin IVA y encima te lo pregunta con total desparpajo".

También acabar con "el que considera que es más listo que nadie porque está trabajando y cobrando el paro a la vez con los impuestos de los españoles", algo que "no es admisible en ningún momento" pero menos en el actual, ha señalado. "Nadie puede ir de listo por la vida, trabajando y cobrando subvenciones", ha recalcado la vicepresidenta, que ha explicado que el anteproyecto se envía ahora al Congreso para su discusión en el próximo periodo de sesiones.

Una de las principales medidas será ampliar de uno a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria en los casos de subcontratación, "a veces difíciles de perseguir y descubrir", ha dicho la portavoz del Gobierno. Además, dejará de ser posible la reducción de las sanciones cuando la cuota liquidada no supere la sanción propuesta para evitar la reducción cuando la cuantía es muy elevada.

Se va a potenciar por otra parte la colaboración de la inspección de trabajo con otros organismos que tienen datos de las empresas como el consejo general del notariado. Se amplía también el plazo de actuación de la inspección en los casos de gran complejidad y se una vuelta de tuerca a la tipificación de las infracciones, ha añadido la vicepresidenta. Así, por ejemplo será infracción grave no cotizar por salarios de tramitación y las vacaciones devengadas y no disfrutadas.

Muy grave pasará a considerarse dar ocupación a trabajadores que están en suspensión de contratos o con ocupación de jornada completa cuando tienen autorizada una reducción de jornada, o comunicar fuera de plazo datos relevantes a la seguridad social. En este caso, la sanción será mayor si perjudica a un mayor número de trabajadores.

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