La Fiscalía denuncia al gobierno canario por un presunto delito de tráfico de influencias

El diputado regional y presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, no se ha extrañado de la dimensión judicial que ha alcanzado el concurso sobre el reparto de licencias de FM del Gobierno de Canarias porque ha estado cargado de "discusión y polémica, difícil de entender desde fuera".

"Estamos en un estado de derecho y siempre he mantenido que la gente que se sintiera perjudicada tenía el derecho a recurrir a los tribunales para pedir responsabilidades", ha apuntado Rodríguez. Ahora, a instancias de un concursante, "la Fiscalía ha iniciado unos trámites previos porque considera que hay indicios de delito y ha denunciado a la mesa de contratación".

Para el líder nacionalista esto demuestra que la justicia funciona y el estado de derecho marcha y, si la Fiscalía tiene indicios de delito, "debe denunciar cualquier hecho que pueda considerar fuera de la ley".

"NC suele opinar con mucha cautela sobre los asuntos judiciales y, como el resto de la ciudadanía, está a la espera de que la investigación judicial delimite responsabilidades, si las hubiera", ha subrayado. Román Rodríguez considera que sólo si al final se demuestra que ha habido desviaciones de la ley y algún tipo de delito en el concurso, se entraría en "una dimensión política".

En su denuncia, la Fiscalía ha considerado que en este concurso de emisoras de radio podría haberse beneficiado a sabiendas a unos candidatos y perjudicado abiertamente a otros y pide que declaren como imputados los cinco miembros de esa mesa de valoración: Fernando Ríos Rull, Manuel Martín Almeida Peña, Cándida Hernández Pérez, David Bercedo Toledo y José Luque Brito. El pasado 14 de abril, cuando el Gobierno de Canarias aprobó el decreto del reparto de frecuencias, los consejeros del PSOE abandonaron la sala y dejaron solos a sus socios de CC.