Los implicados ofrecían falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 y 500 euros, y gracias a ese periodo de trabajo ficticio más de 400 personas pudieron regularizar su situación en España y cobrar el subsidio por desempleo. La macrooperación ha sido desarrollada por la Policía Nacional, y se ha llevado a cabo en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén.
En total, se cree que entre todos llegaron a percibir 2.667.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal, aunque el fraude al Estado asciende a 7.192.000 euros, porque a las prestaciones fraudulentas hay que sumar la deuda de 4.525.000 euros que las empresas -a nombre de testaferros y sin apenas actividad laboral real- contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los seguros sociales.
Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 Sociedades Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo.
Las 30 sociedades incumplieron sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 4.525.000 euros.
Las actividades declaradas en el momento de la constitución de las empresas eran muy amplias, aunque finalmente eran inscritas en la Seguridad Social como únicamente dedicadas a la construcción y la jardinería. El grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por desempleo por un total de 2.667.000 euros en base a esa supuesta actividad laboral.
