Hunosa ha anunciado hoy que va a presentar una querella criminal por apropiación indebida o por estafa contra el Grupo Victorino Alonso por un quebranto que podría situarse en los 46 millones de euros tras la desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón propiedad de la compañía estatal minera.
Los servicios jurídicos de Hunosa aún no han cerrado contra quiénes irá dirigida esta querella, que presentará en breve, ni el montante final de la presunta estafa, que dependerá del precio que se asigne al carbón y del informe de un perito independiente que debe cuantificar aún una parte del mineral desaparecido.
Los datos han sido aportados hoy por la presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, en una rueda de prensa en la que ha anunciado que la compañía ya ha activado las garantías contractuales para recuperar 26 millones de euros. Ha añadido que está dispuesta a llegar a donde sea para aclarar la desaparición de más de 528.000 toneladas del Almacenamiento Estratégico Temporal de Carbón (AETC), según cálculos aún provisionales, depositadas en instalaciones del Grupo Alonso.
El AETC fue una iniciativa adoptada en 2009 por el anterior Gobierno central por la que se autorizaba a Hunosa a comprar carbón a las compañías privadas, almacenarlo y venderlo posteriormente. Hunosa firmó 15 contratos con 9 empresas mineras para adquirir algo más de 3 millones de toneladas de carbón y que quedó almacenado en una veintena de depósitos de Palencia, Asturias y León. Según Mallada, sólo ha habido problemas de desfase entre el carbón almacenado por dos empresas del Grupo Alonso y que el primero se detectó el pasado mes de octubre y se cifró en 100.000 toneladas.
Dos meses después, 370.000 toneladas de carbón que había junto a la central térmica de Compostilla (León) aparecieron con un cartel de Endesa, eléctrica que aseguró haber comprado el mineral. En total, y a falta de que un perito independiente cuantifique aún cuánto carbón falta de algunas pilas, las mediciones de Hunosa arrojan un desfase es de 528.214 toneladas, descubrimiento que llevó al Gobierno a aplazar el pago de las ayudas a la producción a las empresas privadas correspondientes a 2012.
Mallada ha incidido en que los contratos fijan que Hunosa paga una renta mensual por tener el mineral almacenado en los depósitos de carbón de las empresas privadas, pero que éstas no pueden utilizarlo, ni moverlo ni, por supuesto, venderlo. Ha cuestionado también las respuestas dadas por el Grupo Alonso ante los requerimientos de Hunosa, que han pasado desde la negación del desfase, a plantear mermas por un exceso de lluvias, a que el carbón que faltaba estaba en otros emplazamientos o a que las toneladas que faltaban serían repuestas.
