La Ciudad de la Luz de Alicante

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SEGÚN INDICA UN PORTAVOZ DEL TRIBUNAL

La UE declara ilegales las ayudas que Valencia dio a la Ciudad de la Luz de Alicante

España deberá en principio recuperar 265 millones de euros invertidos en la creación de este centro audiovisual, tal y como exige la Comisión Europea.

El Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado que las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a los estudios cinematográficos Ciudad de la Luz, situados en Alicante, son ilegales.

Por lo tanto, España deberá recuperar 265 millones de euros invertidos en la creación de este centro audiovisual, que se encuentra ahora en liquidación, por lo que se espera que el importe se devuelva a través de la venta de sus activos, explicó el portavoz de Competencia de la CE, Antoine Colombani.

"Está claro que estas ayudas eran ilegales, que no eran compatibles con las reglas, y (la sentencia) es la confirmación", subrayó Colombani en declaraciones a los medios. En mayo de 2012, el Ejecutivo comunitario declaró ilegal la financiación pública concedida a la Ciudad de la Luz, al considerar que un inversor privado no habría asumido esta inversión en las mismas condiciones, de manera que se alteró la competencia en el sector.

"La conclusión es que un inversor normal no hubiera realizado esta inversión; por lo tanto, se trata de una ayuda, una ventaja, y no hay nada en las reglas europeas que permita dar ayudas de Estado a este tipo de actividades", recalcó Colombani. El Tribunal recuerda que Ciudad de la Luz fue creada en 2000 y que desde 2004 es propiedad de la Generalitat Valenciana, a través de la empresa Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, y que su inversión pública directa asciende a 264,96 millones de euros.

Esta inversión pública abarca ampliaciones de capital social (92,2 millones de euros), asignación de terrenos (9 millones de euros), préstamos participativos (115 millones de euros) y concesión de préstamos convertibles en acciones (45,8 millones de euros). Sin embargo, Ciudad de la Luz acumuló entre 2004 y 2010 pérdidas por un valor de 84 millones de euros.

"Cuando el Estado o una autoridad pública, como una comunidad autónoma, decide actuar como un inversor privado con espectativas de ingresos, no hay problema, no se trata de una ayuda, sencillamente es una inversión, pero no es el caso de esta situación", apuntó Colombani.

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