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El Consejo de Ministros aborda este viernes la Ley de Servicios de Atención al Cliente

El anteproyecto de ley que estudia el Gobierno obligará a las empresas que prestan sus servicios al consumidor a tener números de atención al cliente gratuitos y que estén atendidos por personal formado.

El Gobierno tiene previsto abordar en el Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto de Ley de Servicios y Atención al Cliente (SAC), con el que se pretende garantizar un nivel mínimo de calidad en la prestación de estos servicios por las empresas.

El anteproyecto de ley que estudia el Gobierno obligará a las empresas que prestan sus servicios al consumidor a tener números de atención al cliente gratuitos, que estén atendidos por personal formado, que conozca el idioma para atender las incidencias de los usuarios.

Sólo podrá usarse un contestador durante menos de un minuto. Las líneas deberán permanecer abiertas durante el mismo horario en el que la empresa presta sus servicios. Además, deberán recibir respuesta en un mes con mecanismos que faciliten el seguimiento de las quejas. La nueva regulación también contempla una auditoría externa anual cuya nota será evaluada por las comunidades autónomas y consumo.

Ley Concursal
Asimismo, se pretende aprobar la Ley Concursal. Con el previsible visto bueno a la Ley Concursal por parte del Consejo de Ministros, que el pasado 17 de diciembre ya aprobó el anteproyecto de ley, la norma será remitida al Congreso de los Diputados para el inicio de su trámite parlamentario.

La finalidad de la norma es la de mantener el "equilibrio" en el proceso y "perfeccionar" los procesos de negociación con los acreedores en la fase preconcursal, por lo que se mantendrá que las entidades financieras de las empresas en dificultades puedan imponer los acuerdos de refinanciación en la fase previa a la declaración de insolvencia.    

La nueva norma establece que el 50% del dinero nuevo que llega a la empresa gracias al acuerdo de refinanciación tendrá la consideración de crédito contra la masa (prioridad de cobro), lo que da mayor garantía a las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar la empresa.

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