El Congreso rechaza extender la ayuda a parados hasta febrero

La Comisión de Empleo ha debatido una proposición no de ley en la que UPyD pedía extender la Renta Activa de Inserción a todo aquel trabajador desempleado "que haya agotado la prestación y el subsidio", eliminando así la restricción actual que exige a los beneficiados haber cumplido los 45 años para percibir la ayuda.

La formación magenta pretendía además eliminar el carácter temporal de la medida, que el Estado renueva cada seis meses, convirtiéndolo en un mecanismo permanente, así como homogeneizar los sistemas autonómicos habida cuenta de que, a su juicio, hay enormes diferencias entre las distintas comunidades, tanto en acceso a la ayuda como en su cuantía. Por eso, proponía que el Gobierno coordine a las comunidades en materias como "los requisitos de admisión para percibir la ayuda, su duración y su cuantía".

El portavoz económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, ha defendido la iniciativa recordando que la crisis es "una emergencia económica" pero "también tiene una cara social", con más de dos millones de parados que "han perdido ya toda protección" y para quienes los presupuestos "dan una respuesta inadecuada" y "aumentan el riesgo de exclusión social".

Aun aceptando de manera general el análisis de la situación planteado por la formación magenta, la diputada del PP María Concepción Bravo ha justificado su rechazo en que "la renta activa va a un colectivo de parados de larga duración que tienen que tener un tratamiento especial" y "sacar esa renta a otras personas tendría un coste muy elevado que en este momento es muy difícil de asumir".

Además, ha defendido la necesidad de buscar "un cambio de actitud" para "pasar de la cultura del subsidio a la de la formación" condicionando el cobro de este tipo de subsidios a "un compromiso demostrable de búsqueda activa de empleo o de formación para mejorar la búsqueda".

Tampoco han aceptado los 'populares' la propuesta del PSOE de incrementar este año el SMI un 1% y revisarlo semestralmente si no se cumplen las previsiones del índice de precios, dando así cumplimiento al Estatuto de los Trabajadores, una propuesta que sí han respaldado el resto de los grupos.