Perseguida por la polémica y las críticas de la oposición y las ONG, la central de Santa María de Garoña (Burgos), uno de los ocho reactores que operan en el país, deberá cerrar este sábado tras 42 años de actividad, tal y como contempla una orden del Ministerio de Industria y Energía.
No obstante, Industria iniciará los cambios normativos necesarios para que siga con la actividad "si así fuera posible", anunció este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
"Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de seguridad", el Ministerio de Industria procederá a dichas modificaciones normativas, explicó la portavoz del Ejecutivo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
En la Orden Ministerial de cierre se deja claro que la actividad deber cesar el día 6 de julio, "aún cuando no existan razones de seguridad nuclear y protección radiológica que lo exijan, y la empresa titular de la instalación haya invocado razones económicas para no solicitar la renovación de la autorización de explotación". Ante esta orden, el PSOE ha recordado al Gobierno que "Garoña pasa a estar bajo el control del Consejo de Seguridad Nuclear" y le insta a "abandonar la actitud de mangoneo" sobre este organismo.
El secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha advertido en nota de prensa de que su partido "no tolerará ninguna intromisión en unas funciones que han de estar presididas por la defensa del interés general, máxime en una materia tan sensible como la seguridad nuclear". Por su parte, Greenpeace ha considerado que modificar las normas para permitir la reapertura de Garoña "es delictivo" y ha animado a reivindicar mañana domingo su cierre total.
A juicio de la organización ecologista, la orden está basada en "motivos económicos y no de seguridad" para favorecer los intereses de una compañía energética por encima de la seguridad de la ciudadanía, puesto que ha obviado todas las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear.
También Carlos Bravo, portavoz de Salvia, considera que hay un intento por parte del Gobierno de manipular la normativa para "servir a intereses particulares", en el marco de un proceso que ha calificado de "surrealista".
Bravo ha criticado además los cambios normativos que pretende el Gobierno, y considera que "tiene visos de ilegalidad", ya que lo que el Ejecutivo pretende es aplicar retroactivamente una ley que todavía no está aprobada para permitir que Garoña no tenga que pedir una nueva licencia para reabrir, y simplemente una prórroga, lo que conllevaría menores exigencias.
En su Orden Ministerial, Industria explica que la empresa explotadora de la central, Nuclenor (propiedad de Endesa e Iberdrola), está facultada tras el cierre a poseer y almacenar elementos combustibles de uranio ligeramente enriquecido irradiados de acuerdo con los límites y condiciones asociados a las autorizaciones específicas de almacenamiento de combustible irradiado.
Asimismo está autorizada a realizar las actividades previas al desmantelamiento, así como a poseer, almacenar y utilizar los materiales radiactivos, las sustancias nucleares y las fuentes de radiación necesarias para la explotación de la instalación.
La solicitud de autorización de desmantelamiento de la central deberá presentarse con un año de antelación al inicio previsto del mismo.
