Página web de FACUA

Publicidad

LA DEUDA SE APLAZARÁ

Cataluña impedirá cortar la electricidad hasta marzo a familias de extrema vulnerabilidad

La enmienda considera que una familia está en situación vulnerable cuando "todos los integrantes de la unidad familiar" sean "pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad con ingresos no superiores a la pensión mínima", o bien cuando "estén en el paro y no perciban unos ingresos superiores a la renta mínima de inserción". Así pues, el total de ingresos no superará los 569 euros al mes. Además, los beneficiarios deberán declarar que no tienen posibilidad de reducir su gasto en bienes o servicios y acreditar que ya tienen contratada la tarifa social.

Cataluña impedirá cortar el suministro de electricidad entre noviembre y marzo a personas y a familias en una situación de extrema vulnerabilidad, aunque la deuda que se pueda acumular no se perdonará, sino que se aplazará.

CiU y ERC han pactado introducir una enmienda en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2014, que se aprobará la próxima semana en el Parlament, que permitirá introducir estos cambios en la ley del código de consumo de Cataluña. Otra de las novedades introducidas en la normativa catalana es que, antes de interrumpir el suministro eléctrico, las empresas deberán disponer "obligatoriamente" de un "informe previo de los servicios sociales" sobre la situación de estas personas, un documento que las administraciones deberán elaborar en dos meses.

Pese a la novedad de estos cambios legales, su alcance será limitado, ya que deberán entrar dentro de la consideración de personas en "vulnerabilidad económica", con unos requisitos muy restrictivos. La enmienda considera que una familia está en situación vulnerable cuando "todos los integrantes de la unidad familiar" sean "pensionistas por jubilación, incapacidad permanente o viudedad con ingresos no superiores a la pensión mínima", o bien cuando "estén en el paro y no perciban unos ingresos superiores a la renta mínima de inserción".

Así pues, el total de ingresos de los miembros de la unidad familiar "en ningún caso podrá sobrepasar el indicador de renta de suficiencia", fijado en 7.967 euros anuales; esto es, 569 euros al mes, y eso contando incluso los ingresos derivados de percepciones o ayudas de carácter social. Además, los beneficiarios deberán declarar que no tienen posibilidad de reducir su gasto en bienes o servicios y acreditar que ya tienen contratada la tarifa social, esto es, el llamado bono social. El informe de los servicios sociales acreditará que el afectado cumple con todos estos criterios mencionados.

Publicidad