El objetivo de esta directiva europea no es solo reducir el consumo energético, sino evitar los residuos generados por estos dispositivos. Así, este 1 de septiembre marca el fin para la bombilla incandescente tradicional, uno de los inventos más utilizados por la humanidad desde su creación en el año 1.879 por Thomas Alva Edison.
Gracias a esta primera fuente de luz fiable, la humanidad se independizó del sol y pudo alargar sus jornadas laborales, lo que supuso un importante incremento de la productividad y un mayor desarrollo. Con la aparición de nuevas fuentes de luz, como las bombillas fluorescentes compactas y los halógenos, las incandescentes fueron perdiendo presencia en los espacios públicos, debido a su escasa eficiencia energética: de media, solo un 5 % de su consumo eléctrico se transforma en luz, el resto se convierte en calor.
Su precio, mucho más económico que el de sus competidoras, era uno de sus fuertes: una bombilla incandescente cuesta en torno a un euro, mientras que una halógena compacta se sitúa entre 3 o 4 euros y 12, y las modernas lámparas LED se elevan hasta los 15 o 25 euros. Sin embargo, los expertos y Bruselas coinciden en un mismo punto: el mayor coste se ve compensado ampliamente por el ahorro de energía que supone el uso de las nuevas bombillas frente a las primitivas, así como por su mayor duración.
El LED se perfila como el sucesor natural de las incandescentes, no solo por su mayor eficiencia energética, sino además por sus múltiples aplicaciones (las nuevas pantallas de las televisiones, por ejemplo), su encendido inmediato y la sensación de calidez que aporta.
Las organizaciones ecologistas como WWF o Amigos de la Tierra también muestran su satisfacción por la retirada de las incandescentes, que supondrá la generación de menos residuos gracias a la mayor duración de otras bombillas, aunque piden a la UE que haga mayores esfuerzos en eficiencia energética.
El único "pero" que ha recibido la retirada de las incandescentes es el temor a que un uso generalizado de fluorescentes provoque problemas de salud a los consumidores, algo que la Comisión Europea ha descartado.
