Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid

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POR LA CONCESIÓN DE UN PRÉSTAMO A DÍAZ FERRÁN

La Audiencia de Madrid anula la reapertura del 'caso Blesa' por el crédito al grupo Marsans

El tribunal ha acordado la nulidad del procedimiento a Miguel Blesa y ha advertido de las "desproporcionadas" medidas que se adoptaron durante su tramitación. De esta forma, ha retrotraído la causa al momento en el que fue sobreseída inicialmente y ha revocado las diligencias adoptadas, como es la retirada del pasaporte de Blesa.

La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado la petición de nulidad planteada por la Fiscalía contra la pieza principal del 'caso Blesa', en la que el juez de Instrucción número 9, José Elpidio Silva, mantiene imputado al expresidente de Caja Madrid por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, también imputado, cuando era consejero de la entidad.

El tribunal ha acordado la nulidad del procedimiento y ha advertido de las "desproporcionadas" medidas que se adoptaron durante su tramitación. De esta forma, ha retrotraído la causa al momento en el que fue sobreseída inicialmente y ha revocado las diligencias adoptadas, como es la retirada del pasaporte de Blesa.

El tribunal se reunió el pasado viernes para deliberar sobre la solicitud del Ministerio Público y sobre varios recursos presentados por la defensa de Miguel Blesa contra otras decisiones del juez Silva en el marco de este procedimiento.

El juez Silva acordó en noviembre pasado reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Imputa a ambos  delitos societarios y falsedad documental.

Manos Limpias acusa al que fuera presidente de Caja Madrid de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un 'holding' empresarial que se encontraba en quiebra".

El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de este asunto argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación "de una forma muy genérica y sin ninguna concreción", pretendiendo la ampliación del procedimiento "a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente".

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