El ministro del Interior, Thomas de Mazière, y la titular de Trabajo avanzaron una serie de propuestas para garantizar la normativa europea, en la que destacan la pretensión de prohibir temporalmente el reingreso en el país a quienes hayan cometido fraude o abuso, como la utilización de documentos falsos; la concesión de permisos limitados de residencia, de entre tres a seis meses, para la búsqueda de empleo y la decisión de castigar penalmente el fraude para conseguir papeles.
El Gobierno que dirige Angela Merkel quiere también endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por los niños que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles. Por otra parte, los Ministerios de Interior y de Trabajo proponen reformas en la legislación laboral para luchar contra la economía sumergida y la explotación de los trabajadores inmigrantes.
El informe se centra en el posible impacto que puede tener en Alemania la apertura de fronteras a los ciudadanos búlgaros y rumanos, que desde el 1 de enero no necesitan un contrato de trabajo para entrar en el país, e intenta calmar a los conservadores bávaros de la CSU, partido hermano de la CDU de Merkel y miembro del gobierno de coalición en el que también están los socialdemócratas.
El número de rumanos (205.026) y búlgaros (118.759) en Alemania es todavía inferior al de otras nacionalidades europeas, como polacos (532.375), italianos (529.417) o griegos (298.254). La inmigración española ha subido un 206,6 % entre 2004 y 2012. La española fue, según los datos del estudio, fue la la séptima nacionalidad que más inmigrantes recibió Alemania en 2012.