El padre adoptivo de una niña robada: "Sor María me dijo que la madre no tenía recursos"

Alejandro Alcalde, el padre adoptivo de la supuesta bebé robada, Pilar Alcalde, ha asegurado que no dio dinero a la religiosa sor María cuando le entregó la niña en 1982 y que le dijo que la madre biológica quería darla en adopción.

Así lo ha manifestado Alcalde a los periodistas antes de entrar a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que tras tomar ayer declaración a la religiosa María Gómez Valbuena mantiene su imputación por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

El padre adoptivo ha reconocido a sor María como la persona que en 1982 le entregó a su hija Pilar y ha subrayado que la religiosa le aseguró que la madre biológica no tenía recursos para mantener a la pequeña, por lo que decidió darla en adopción. "Sor María nos dijo que había posibilidades de que una mujer, por falta de medios, quisiese dar a su hijo en adopción y si nosotros estabamos dispuestos a adoptarla y que eso conllevaba unos gastos", asegura el padre. Alcalde, que comparece en calidad de testigo, ha explicado que no abonó ninguna cantidad por adoptar a la niña y que se limitó a pagar las facturas de la estancia de la madre biológica en la clínica Santa Cristina de Madrid.

Ayer la religiosa María Gómez Valbuena se ha acogía a su derecho a no declarar ante y ha asegurado que son completamente falsos los hechos que se le imputan y que le "repugna" la separación bajo amenazas de un recién nacido de su madre.

Por su parte, el abogado de sor María intentó que el magistrado archivara el caso por prescripción del delito, pero Carretero desestimó su petición y ahora ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Así, fuentes de la defensa de la religiosa han señalado que estando pendiente de resolver ese recurso y dado que los hechos denunciados datan de hace 30 años y que sor María, que acaba de cumplir 87 años, asegura que no recuerda nada de lo sucedido entonces, se ha considerado que la mejor opción era ejercer el derecho a no declarar.

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El Gobierno creará un censo de posibles afectados por el robo de niños ocurrido entre los años 40 e inicios de la década de los 90 y propondrá a la Unión Europea que se facilite el acceso y tratamiento de los datos sanitarios cuando tenga como objetivo determinar la filiación natural.