PRESENTACIÓN DE LA REFORMA DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL DE C'S

PRESENTACIÓN DE LA REFORMA DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL DE C'S

Ciudadanos aboga por la supresión del Senado y del CGPJ y la despolitización del TC

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha revelado parte de la reforma democrática e institucional de España que quiere llevar a cabo su partido. Bajo el título de "Ciudadanos, un nuevo proyecto común para España", expone en treinta puntos las principales reformas que consideran esenciales para el país.

Ciudadanos aboga por la supresión del Senado y la creación de un Consejo de Presidentes de las C.A. al considerar que es evidente la "incapacidad" de la Cámara Alta para modernizar la manera de llevar a cabo la representación territorial en la gestión de los asuntos del Estado.

Asimismo, también ha expresado querer un Estado eficaz al servicio de los derechos de los españoles y para ello pide la supresión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una Fiscalía General del Estado independiente y la despolitización del Tribunal Constitucional.

Estos es lo que ha expresado el presidente del partido, Albert Rivera, acompañado por la Ejecutiva de C's y por miembros de su equipo económico, al presentar en Cádiz la reforma democrática e institucional de España "Ciudadanos, un nuevo proyecto común para España", en el que en treinta puntos se exponen las principales reformas que consideran esenciales para el país.

La supresión del Senado
En el punto 26 del documento, Ciudadanos apuesta por la supresión del Senado y solicita la participación de las comunidades autónomas de "manera efectiva en el gobierno de la nación" y propone la creación de un Consejo de Presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La reforma apuesta por la supresión de las diputaciones provinciales y la fusión de ayuntamientos

Éste órgano, cuyos miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de la respectiva comunidad, será competente para la aprobación, en segunda lectura, con el voto mayoritario de sus miembros, de las leyes más directamente relacionadas con la organización territorial del Estado.

Ciudadanos advierte que no se debe confundir su propuesta de la creación de éste Consejo de Presidentes con la actual Conferencia de Presidentes, y señalan que su propuesta es de carácter legislativo y no participa el presidente del Gobierno, a diferencia de la Conferencia de Presidentes, que es de carácter Ejecutivo y en la que sí participa el jefe del Ejecutivo.

Como ya había adelantado Rivera, Ciudadanos también apuesta por la supresión de las diputaciones provinciales y la fusión de ayuntamientos, para que éstos puedan prestar servicios sostenibles.

En este sentido, Ciudadanos cree que el Estado y las comunidades deberán fomentar la fusión de municipios con la finalidad de racionalizar la administración local, mejorar la prestación de los servicios públicos y renovar la calidad de la democracia en el ámbito local.

La reforma de Justicia y la supresión del CGPJ
Por otro lado, en la reforma de la Justicia, Ciudadanos propone la supresión del CGPJ, cuyas funciones serán asignadas al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial que estará asistido por dos Adjuntos.

El presidente será elegido por el Congreso de los diputados con el voto a favor de las dos terceras partes de sus miembros, entre magistrados del Tribunal Supremo, con, al menos, veinte años de ejercicio en la carrera judicial y que no hubieran tenido vinculación con partido político alguno ni ostentado cargo representativo de carácter público.

Albert Rivera aboga por una "justicia rápida, eficaz y con garantías"

El nombramiento tendrá una duración de 6 años, sin posibilidad de reelección, mientras que los dos adjuntos serán elegidos por los jueces y magistrados en elecciones convocadas para ello, y el nombramiento tendrá una duración de tres años sin posibilidad de reelección.

Ciudadanos apuesta por el "mérito y capacidad", así como por la ausencia de discrecionalidad en los nombramientos de jueces y magistrados, ya que de esta manera, consideran que se eliminarán "criterios arbitrarios en función de afinidades políticas o ideológicas".

También pretenden suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados y como ya habían adelantado en varias ocasiones la "limitación de puertas giratorias entre justicia y política".

Ciudadanos quiere una "justicia rápida, eficaz y con garantías", y considera que "la efectividad del derecho a la tutela judicial precisa de más jueces y más medios".

La formación liderada por Albert Rivera quiere "una instrucción penal rápida, eficaz y con las debidas garantías", y para ello creen necesario "unidades de auténtica policía y peritos judiciales que no dependan de la Administración del Estado ni de la Agencia Tributaria, dirigidas por un órgano revestido de las garantías que se reconocen a la jurisdicción".

Asimismo, cuando se produzca la resolución judicial se debe garantizar su efectivo cumplimiento mediante procedimientos u órganos judiciales adecuados.

Independencia de la Fiscalía General del Estado
Respecto a la Fiscalía General del Estado, se apuesta por que ésta sea "independiente, profesional, y al servicio de la legalidad", y el procedimiento de nombramiento del Fiscal General del Estado deberá estar regulado en la Constitución.

Ciudadanos exige una "instrucción penal rápida, eficaz y con las debidas garantías"

En primer lugar se llevará a cabo un procedimiento abierto que permitirá a todos los que cumplan los requisitos necesarios presentarse, exigiéndose que al menos reúna veinte años de ejercicio en la carrera fiscal y no haya tenido vinculación con ningún partido político ni ostentado cargo político.

Después, una Comisión del Congreso de los Diputados valorará la idoneidad y seleccionará una terna de entre ellos por mayoría reforzada, para que finalmente sea el Gobierno el que elija al Fiscal General.

La despolitización del Tribunal Constitucional
En cuanto al Tribunal Constitucional, se solicita la despolitización del mismo y se aboga por su independencia, además se busca la modificación del artículo 179 de la Constitución.

Se exigirá veinticinco años de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado, estableciendo asimismo un estricto sistema de incompatibilidades que garanticen su independencia.

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